Tras cuatro años de gobierno del Frente Amplio el Estado tiene 31.068 funcionarios menos que los que tenía en 1993 bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Los 12.887 cargos ocupados más que en 2004 se explican por crecimientos en educación, salud, seguridad y políticas sociales.
por Gabriel Mazzarovich
Hablando de números. Gráfica histórica de la evolución del número de funcionarios públicos en base a datos de la ONSC. Dos días después de que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, retomara con fuerza el tema de la Reforma del Estado, desde la oposición y la prensa que la amplifica se lanzó una campaña cuyo centro es que durante este gobierno creció desmesuradamente la cantidad de funcionarios públicos.
En primer lugar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto afirmó públicamente que si se comparan las cifras de funcionarios del Estado entre diciembre de 2004 último año de la administración de Jorge Batlle y diciembre de 2007, hay un incremento de 12.887 cargos ocupados, no de funcionarios, porque hay varios que tienen más de un cargo. En estimación de funcionarios, la diferencia sería un poco menor, 224.763 actualmente contra 213.392 en 2004, 11.371 de diferencia.
En segundo lugar se especificó que si se toman en cuenta las 6.500 regularizaciones que este gobierno tuvo que realizar debido a situaciones caóticas heredadas de administraciones anteriores y los 8.626 nuevos cargos de la ANEP, que mayoritariamente corresponden a docentes, en realidad se produjo una disminución de los cargos ocupados en el resto del Estado del orden de 3.000.
Pero antes de seguir con el análisis inciso por inciso, cabe señalar que aun con ese incremento justificado por el fortalecimiento del papel del Estado y por las políticas clave en educación, salud, seguridad y atención a la emergencia y la pobreza, la cantidad total de funcionarios del Estado, que actualmente es de 224.763 según cifras de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), es inferior en 31.068 trabajadores a la que tenía el Estado en 1993 durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (ver gráfica).
Si se analiza la cantidad de cargos ocupados del Estado en diciembre de 2004 con respecto a 2007, se constata que en 2004 había 229.454 cargos ocupados por funcionarios públicos y en 2007 hay 241.681. A ello hay que agregar que en cuanto a cargos ocupados por becarios, pasantes y contratos de obra, en 2004 había 12.271 y en 2007 hay 12.931. La diferencia global entonces es de 12.887 cargos ocupados más; 12.227 de funcionarios públicos y 660 en cuanto a otras modalidades de vinculación laboral con el Estado.
Analizado este crecimiento inciso por inciso en la administración pública se constata que el crecimiento se explica en elementos clave de la política social del actual gobierno: salud, educación, atención a la pobreza y la seguridad.
En el Ministerio de Salud Pública se registra un crecimiento con respecto a 2004 de 1.885 cargos; ahora hay 4.508 profesionales, 1.111 más que en 2004; 1.030 técnicos profesionales, 60 más; 5.021 cargos especializados, 813 más.
Hay que agregar que todo esto se hizo duplicando el presupuesto para la salud pública y además, en el marco de la Reforma de la Salud, que autonomizó ASSE y mejoró la atención y las prestaciones.
En la Administración Nacional de la Enseñanza Pública el crecimiento es aún mayor, 8.626 cargos. La incidencia mayor es de los cargos docentes: hoy hay 47.179, 6.823 más que al final de la administración de Batlle.
En el Ministerio del Interior se registra un crecimiento de 674 cargos, la mayoría de ellos de personal policial afectado directamente a la seguridad de la población.
En el plano puramente cuantitativo aún hay algunas precisiones más. Se afirmó que crecieron los becarios y los contratos a término. Según cifras de la ONSC la cantidad de becarios en realidad disminuyó: en 2004 había 3.220 y hoy existen 2.641.
En cuanto a los Contratos a Término, que efectivamente crecieron, de 3.520 de ellos, 1.998 corresponden a la ANEP. En su mayoría se deben a la regularización de las y los auxiliares de servicio de las escuelas públicas de todo el país, que eran financiados por las comisiones de fomento. Era una situación arrastrada desde hace décadas y que dejaba a los trabajadores sin ningún tipo de protección ni seguridad laboral.
No es sólo un problema de cantidad
Las cifras siempre son importantes, pero no lo son todo; en realidad la diferencia sustancial en el manejo de la estructura del Estado, incluidos los funcionarios públicos, entre este gobierno y los anteriores de la derecha, es de concepción.
La visión neoliberal llevó a esclerosar la estructura del Estado, postergarla, caotizar la carrera administrativa y postergar a los funcionarios, salarialmente y en general, cerrando canales de participación y gestión. Por no recordar la práctica centenaria del clientelismo, el ingreso por recomendación política y el casi histórico "carnaval electoral".
Los gobiernos anteriores estuvieron impulsados por la idea de que "todo lo privado es mejor" como axioma y quizá sirva de paradigma la famosa frase de Lacalle sobre los funcionarios públicos: "Ellos hacen que trabajan y yo hago que les pago".
En el actual gobierno y es justo aclararlo todos los nuevos ingresos fueron por concurso y abiertos a toda la población, y los becarios, contratos a término y pasantes se renuevan sistemáticamente de acuerdo a lo que establecen las normas y contratos.
Un memo interno del Poder Ejecutivo que analiza los diferentes aspectos de la Reforma del Estado, al que accedió LA REPUBLICA, contiene puntualizaciones sobre esta diferencia de carácter casi filosófico.
Se afirma que se encontró "un Estado balcanizado donde cada organismo se las arreglaba como podía", sin comunicación entre sí y sin planes estratégicos de gestión e incluso de control del gasto público.
Se señala que a contrapelo con el cierre del ingreso y la completa ausencia de concursos por oposición y mérito, junto con la paralización y desnaturalización de la carrera administrativa, en este gobierno "se abrió el ingreso a la función pública mediante concursos (permitiendo la entrada de policías, médicos, docentes, técnicos y profesionales de diversas áreas del conocimiento)".
Se destaca también que se buscó potenciar al funcionario público, instrumentándose ámbitos de negociación pero fundamentalmente dirigiendo el trabajo de cara a la gente y a servir a la población.
Se subraya la "incorporación a la actividad pública de docentes, policías, técnicos, médicos y otros profesionales; la creación de un nuevo escalafón, de conducción de planeamiento y gerenciamiento profesional, que se provee por riguroso concurso en los ministerios; los cursos de capacitación que brinda la ONSC; las reestructuras de unidades estratégicas en Ministerios o de Entes Autónomos (unidades del Mvotma y del Ministerio del Interior, Digesa, Inspección de Trabajo, inteligencia comercial en el MRE, DGI, Aduana, OSE, ANP o Ancap); las reformas estructurales de la salud y tributaria, la creación del Mides o la descentralización del MGAP, las que contribuyen a la modernización del Estado uruguayo; la creación de agencias (como la ANII); la informatización masiva que lideran la Agesic y distintos gobiernos departamentales; las acciones de mejora en la calidad de la atención al usuario, la simplificación y eliminación de trámites; la creación de Centros de Atención Ciudadana y el impulso dado al proyecto de ley de Descentralización que crea autoridades locales electivas encabezadas por alcaldes".
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