La primera vez que leí sobre el tema fue en un comunicado de prensa del mismísimo Intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra del Partido Nacional. Lo leí y no lo podía creer.
El Intendente se había aumentado alrededor de 16% el sueldo a sí mismo y a sus cinco directores para absorber el impacto de la reforma tributaria. El sueldo del Intendente pasó de 135.000 pesos en junio a 157.000 pesos en el mes de julio cuando entraba en vigor la reforma que determinó una erogación mayor a los ingresos más altos. En el comunicado firmado por Ezquerra así como en los argumentos esgrimidos por sus asesores en el llamado a sala de anoche en la Junta Departamental de Tacuarembó (el Intendente adujo problemas personales y no concurrió) abundan pseudos argumentos legales a favor de la resolución a pesar de que la misma ya ha quedado sin efecto por decisión del mismo Intendente ante el fuerte rechazo popular y las observaciones administrativas.
Muchas veces nos parece que competentes abogados pueden hallar supuestos argumentos legales para defender lo que sea; pero en los juicios que realiza la sociedad hay que esmerarse en dar respuestas más convincentes, más allá incluso de lo legal y de lo formal.
¿Acaso le parece justo al Intendente que el impacto de la reforma sobre su alto sueldo y el de sus directores lo deba pagar la sociedad en general?
Si alguien aún conservaba dudas, empezará finalmente a comprender por qué la oposición blanquicolorada ha atacado con tanta saña a una de las principales reformas de este gobierno: es que no han terminado de comprenderla, tal vez sí en sus aspectos técnicos, pero definitivamente no la han entendido en sus objetivos de equidad y de justicia tributaria.
Creo estar siendo condescendiente cuando digo que no la han entendido, muchos me reprocharán con razón que son los intereses que defienden los que no son compatibles con los objetivos de justicia social y tributaria que pregonamos.
A todo esto el Intendente Ezquerra, mientras tanto, debe estar pensando que con los blancos… él viviría mejor.
El Intendente se había aumentado alrededor de 16% el sueldo a sí mismo y a sus cinco directores para absorber el impacto de la reforma tributaria. El sueldo del Intendente pasó de 135.000 pesos en junio a 157.000 pesos en el mes de julio cuando entraba en vigor la reforma que determinó una erogación mayor a los ingresos más altos. En el comunicado firmado por Ezquerra así como en los argumentos esgrimidos por sus asesores en el llamado a sala de anoche en la Junta Departamental de Tacuarembó (el Intendente adujo problemas personales y no concurrió) abundan pseudos argumentos legales a favor de la resolución a pesar de que la misma ya ha quedado sin efecto por decisión del mismo Intendente ante el fuerte rechazo popular y las observaciones administrativas.
Muchas veces nos parece que competentes abogados pueden hallar supuestos argumentos legales para defender lo que sea; pero en los juicios que realiza la sociedad hay que esmerarse en dar respuestas más convincentes, más allá incluso de lo legal y de lo formal.
¿Acaso le parece justo al Intendente que el impacto de la reforma sobre su alto sueldo y el de sus directores lo deba pagar la sociedad en general?
Si alguien aún conservaba dudas, empezará finalmente a comprender por qué la oposición blanquicolorada ha atacado con tanta saña a una de las principales reformas de este gobierno: es que no han terminado de comprenderla, tal vez sí en sus aspectos técnicos, pero definitivamente no la han entendido en sus objetivos de equidad y de justicia tributaria.
Creo estar siendo condescendiente cuando digo que no la han entendido, muchos me reprocharán con razón que son los intereses que defienden los que no son compatibles con los objetivos de justicia social y tributaria que pregonamos.
A todo esto el Intendente Ezquerra, mientras tanto, debe estar pensando que con los blancos… él viviría mejor.
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