La primera "infidencia" del siglo XXI

Por Eleuterio Fernández Huidobro

El flamante nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Larrieux, declaró de entrada acerca de lo ya sucedido en dicho órgano, que "fue irregular porque no conozco situación donde hayan trascendido fallos antes de emitirse". Es de suponer que ahora el Dr. Sanguinetti dirá que "esta gente no lee la Constitución"...
Las "Respuestas" que la Corte de Justicia ha dado a nuestro Pedido de Informe no tienen desperdicio:
Con relación a los "atrasos" denunciados (en CX 14) por el Dr. Hipólito Rodríguez Caorsi, acerca de los que sostuvo: "lo realmente grave es eso" y sobre los que ­luego que el periodista le dijera "usted dijo que tiene información en cuanto a que algunos de su colegas ministros incumplieron los plazos que están establecidos para pronunciarse sobre los recursos"­ declaró enfáticamente: "Yo vi los expedientes", la Suprema Corte de Justicia (como Cuerpo) desmiente radicalmente lo dicho por el denunciante.
Y es lacónica: "No consta hasta el momento que hubiera existido incumplimiento de los plazos legales. Tres ministros hicieron uso de la prórroga legal."
Es decir: no fueron lo dos ministros de la "minoría" como mintiera Rodríguez Caorsi sino tres (por lo menos uno de la "mayoría" también) los que en uso de un rutinario y legítimo derecho lo ejercieron. Pero fundamentalmente y en buen romance: no hubo atrasos.
A esta altura, es imposible saber qué expedientes "vio" Rodríguez Caorsi (alegó eso para poder mentir públicamente). "Lo realmente grave" (para usar sus palabras), es eso: que afirme por radio haber visto cómo colegas suyos incumplieron plazos y que sus colegas, actuando como Cuerpo informen oficialmente que no se incumplieron plazos... Para colmo de los colmos: por unanimidad. O sea: con su voto. Esto ya es para los médicos.
En el citado pedido de información le preguntamos a la Corte si el ministro Dr. Rodríguez Caorsi ­como es su deber­ había consignado "tal atraso"...
La Corporación responde inequívocamente: "No hay constancia alguna en los expedientes que salieron con sentencia, relativos al IRPF".
A esta altura está más que claro: no hubo atrasos ni constancias. ¿Y los expedientes que "vio" Rodríguez Caorsi? ¿Cuáles fueron? Tiene visiones y visita radioemisoras contando visiones por onda media, corta, e Internet... ¡Aleluya!
Pero encima de tanto disparate, Don Hipólito, que habló hasta por los codos en la Pulpería luego "vota" en la Comisaría que no hubo atrasos... Igual que Paquito Bustos. No sólo lo desdicen en la Corte: él mismo se desdice.
Frente a la pregunta del estafado periodista sobre la "sanción" de los que se "atrasaron", Rodríguez Caorsi declara: "Todos somos responsables de nuestros actos....".
Está claro que él también. El también es responsable por visitar medios de prensa para denunciar a sus colegas ministros de Corte, convocar a la reacción de la opinión pública y luego quedar no sólo absolutamente claro que lo que dijo es falso sino que él mismo vota decirnos que lo que dijo es falso.
Referente a la lentitud denunciada por Rodríguez Caorsi, y a que se podrían "haber sacado muchísimas sentencias" (si no fuera por ella), la Corporación aclara que "El promedio de las ya falladas es aproximadamente de ocho a nueve meses, inferior al común para los procesos de casación (última instancia judicial posible) comunes".
Está todo dicho: no sólo no se demoró más... Se demoró menos. Otra falsedad de Rodríguez Caorsi reconocida también por Don Hipólito (Rodríguez Caorsi).
Claro: el propio doctor relata en CX14 "su inquietud", y la de la doctora Bossio; y las causas del "terremoto" (producido por la infidencia filtrando información a la prensa).
Las diligencias de este señor dieron buen fruto: el trámite fue promedialmente más breve. Y lo dice la Corte (y él). Es más: nos lo demuestra en una tabla que luego comentaremos.
La Corte lo sigue desautorizando cuando ­frente a la pregunta concreta que le formuláramos­ dice que el tema "filtraciones" y los "retrasos denunciados" no estarían vinculados: "A juicio de la Corporación, los temas no estarían vinculados, sin perjuicio de que, en su oportunidad, se consideren conjuntamente". ¿Y cuál será esa "oportunidad"? Parece claro que vendrá como consecuencia de la investigación interna que sustancia el presidente de la Corte. Y es obvio: por algo será que, como dijo Rodríguez Caorsi, hay que considerarlos juntos. El sabrá por qué lo dijo.
¿Quién estaba tan preocupado por los retrasos que dieron lugar a la infidente filtración? El ya dijo que sí (son sus declaraciones): que estaba muy preocupado; y dijo también que la doctora Bossio (justo es decir que ella no ha dicho nada). El otro que estaba muy preocupado por los retrasos (algo sabía y por eso realizó un Pedido de Informe) es el doctor Julio María Sanguinetti.
La Corte aclara que "el eventual retraso supone responsabilidad subjetiva" y que "la filtración provocó inquietud de la opinión pública y de los medios". Sobre esas irregularidades dice la Corte que "Eventualmente luego de la investigación pertinente, la Corporación puede adoptar las medidas legalmente previstas". Es decir: en cuanto a las sanciones internas, habrá que estar a la investigación.
Esto no incluye la responsabilidad del señor doctor Rodríguez Caorsi por sus mentiras públicas escandalizadoras. Esta es otra responsabilidad más, y habrá de verse de qué tipo.
Hay una respuesta que causa profundo dolor y una desamparada sensación de vacío y fragilidad republicana; Dice la Corte en su respuesta: "A partir de que se conoció la 'filtración' de la dirección de los votos, se estimó que aquellos que ya tenían mayoría, debían culminar su trámite lo antes posible."
La pregunta que motivó esa respuesta es: "¿Puede la Suprema Corte informar que, como lo indica uno de sus miembros, efectivamente hubo 'un terremoto' y que en función de la polémica pública, por esa presión, se cambió la velocidad de los expedientes?".
La respuesta ha sido categórica: la Corte sintió la presión y se dejó presionar. Cobró al grito. Paró el partido antes de los noventa minutos y de los descuentos, con el resultado conocido.
¿Por qué "se estimó" que debían culminar lo antes posible? ¿Qué necesidad imperiosa había para apartarse del trámite normal de cualquier expediente? ¿Y si esas mayorías cambiaban? ¿Por qué había que sacar la mayor cantidad de expedientes antes de que se fuera jubilada la doctora Bossio?
¿En cualquier Tribunal de Apelaciones, o más aún, en cualquier Tribunal o para cualquier juez, frente a la "polémica pública" se apuran los expedientes?
La verdad: no es imaginable que un juez se apure a declarar a alguien culpable y "terminar el trámite" porque la opinión pública presiona.
Nos remitimos en esto a la confesión oficial y pública de la Corte. Cada quién sacará su conclusión.
Pero si este criterio prospera, cada justiciable ya lo sabe: arme bochinche que va en coche.
Esta "farra" le ha salido al Estado, o sea al pueblo, muy cara. Hay muchísimo dinero en juego. Demasiado como para no ser finísimamente sensibles y cuidadosos.
Don Gonzalo Aguirre Ramírez (gran triunfador) dirá que está todo bien. La planilla que remite la Corte muestra que más del 50 % de los casos fallados son de su patrocinio abogacil (7 en 13); Dicha planilla además muestra que sólo en un día, el fatídico 4 de abril de 2008, veinticuatro horas hábiles antes de que se jubilara Doña Sara Bossio, se sacaron once de esos trece casos (más de la mitad patrocinados por Don Gonzalo)...
Una verdadera "incontinencia judicial". Un nuevo récord mundial Guiness celeste (como el del asado). ¡Cómo para no intentar justificar cualquier atropello!
La Corporación "ha dispuesto una investigación administrativa", a cargo de su presidente y que comprende a los señores ministros.
La pregunta fue: ¿Es legalmente y técnicamente correcto que un juez tome resolución sobre una acción que deduce una pretensión antes que la misma se le plantee?"
La Corte responde con parquedad de sentencia: "La prohibición la establece el art. 94 inc. 1º de la ley 15.750". El mismo dice: "Los Jueces se abstendrán: 1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite". Nada como citar al propio Rodríguez Caorsi en CX14: Yo conocía los votos, ya sabía lo que yo iba a votar desde hacía tiempo porque esta ley tuvo un largo proceso. Tuvo un período de latencia y entró en vigencia en julio, de modo que había tenido más que tiempo para hacerme una composición de lugar.
¿Usted no necesitó que le llegara el primer escrito para analizar el caso? ­preguntó Emiliano Cotelo­. ­Lógicamente los jueces no salimos con una bocina a decir a los cuatro vientos qué vamos a votar, pero entre la mayoría ya sabíamos. Entre la minoría no, los integrantes de la minoría en ningún momento dijeron en el acuerdo qué iban a votar, decían que no tenían posición formada. Yo no me imaginaba, me enteré cuando abrí el sobre y vi el voto."
A confesión de parte relevo de prueba: no sólo "insinúa". Va a una radio, habla no sólo de los casos en que ya falló (recuérdese que entonces sólo había salido el primer fallo) sino que adelanta su posición para siempre, comenta lo que "hacía la mayoría" y diferencia la situación de la minoría. Y acepta la afirmación del periodista como válida: "¿Usted no necesitó que le llegara el primer escrito para analizar el caso?"(!!!!!!!)
El artículo 325 del Código General del Proceso, que habla de las causas de la recusación, reza: "Será causa de recusación (...)., así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento)". Huelgan comentarios.
Volviendo al principio (a Larrieux) y a lo más grave: le preguntamos a la Corte si asumía la responsabilidad institucional de que su fallo haya sido conocido públicamente antes del efectivo dictado de su sentencia.
En su respuesta la ha asumido plenamente. Ahora la pregunta es: ¿Y cómo se hace efectiva dicha responsabilidad? Porque todo aquel que cause un daño está obligado a repararlo... ¿O no?
Para terminar: la Suprema Corte dice en otra respuesta final: "La Corporación no ha recibido acción a "recurso" alguno del Ministerio Público, ni de otro miembro de la Sociedad Civil".
Frente a todo esto: El Ministerio Público y Fiscal, los jueces penales, la Policía, las Asociaciones de Profesionales vinculados a la Justicia y al Derecho, las cátedras académicas públicas y privadas, el relator de la ONU, algún abogado, por lo menos uno... ¿Harán o dirán algo?