Blancos y Colorados juntos por la impunidad

El pasado martes 17 de julio tuvo lugar en el parlamento nacional la votación del pedido de desafuero del diputado por el departamento de San José, Luis Alberto Casas. La solicitud había sido cursada por el Juez Carlos García quien entiende en la causa que se instruyó a raíz de las denuncias que fueron presentadas oportunamente por el actual directorio de OSE luego de detectadas presuntas irregularidades en la gestión de ese organismo durante el período anterior. Varias de las irregularidades denunciadas fueron comprobadas por la justicia dando lugar al procesamiento con prisión de Carlos Rodríguez Landoni (Partido Colorado, lista 15, Durazno, ex presidente de OSE) y de Hugo Granucci (Foro Batllista, Mdeo., ex vicepresidente de OSE) además de otros 13 funcionarios quienes cumplían funciones en la órbita del anterior directorio del ente y que fueron procesados sin prisión. Uno de ellos, luego del dictamen de la justicia vociferó frente a las cámaras que cubrían el acontecimiento “¡viva el partido colorado!”, patética escena que fue transmitida por distintos medios de comunicación nacionales. Luis Alberto Casas, así como también Juan Justo Amaro (senador del P. Colorado, lista 15, Florida) integraron el directorio de OSE durante el período en que se detectaron las irregularidades y sólo no han sido investigados debido a que poseen fueros parlamentarios. Los fueros parlamentarios son la institución “por la cual los legisladores no pueden ser responsabilizados judicialmente por las opiniones que vierten en el ejercicio del cargo, ni pueden tampoco ser acusados criminalmente sin que la propia cámara lo separe del cargo o le quite las inmunidades. Es decir lo que se llama “el desafuero”.[1] Para el desafuero son necesarios los votos de dos tercios de la cámara y por ello es que a pesar de los votos de frenteamplistas y legisladores del Partido Independiente no se llegó a la mayoría exigida dada la posición contraria de blancos y colorados, partidos políticos de los legisladores implicados. Las denuncias presentadas por OSE dieron lugar a cuatro piezas en la investigación judicial y hacen mención a la alteración de vales de combustible, maniobras en la reparación de vehículos sin licitación (contratación directa), maniobras con viáticos (funcionarios registraban asistencia en Montevideo y al mismo tiempo cobraban viáticos diarios por estar en el interior del país “realizando tareas” de las que no quedaba -evidentemente- registro alguno), adjudicación irregular de la publicidad del Ente que era otorgada de acuerdo al origen de los directores, uso indebido de vehículos oficiales, falta de control en fabricación de UPA’s, asignación de fleteros por cuota política e irregularidades en “proyecto Credimat-OSE". Ampararse en los fueros para impedir que se indaguen presuntos delitos contra las finanzas públicas es poner a los legisladores por encima de la ley que ellos mismos dictan. Parece que blancos y colorados aún no han aprendido la lección que recibieran en las últimas elecciones. Felizmente siempre surgen nuevas oportunidades.
[1] Prof. Oscar A. Bottinelli en El Espectador, 13 de abril de 2007.

J. Fabián Fontoura Cairello